Justicia ambiental en México: avances y retos

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Hoy en día, nuestro país enfrenta el desafío de proteger su riqueza natural mientras sigue impulsando el desarrollo económico. Por lo antes mencionado, y en el marco del Día Mundial de la Naturaleza, este artículo busca analizar el marco jurídico ambiental en México, su aplicación y los casos emblemáticos que han marcado la lucha por la defensa del medio ambiente. 

Marco jurídico ambiental en México

El marco legal ambiental en México se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4º reconoce el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Este derecho se ha desarrollado a través de una serie de leyes y reglamentos, entre los que destacan:

 

    • Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA): Promulgada en 1988, ley marco que regula la protección ambiental en México. Establece instrumentos como las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) y las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

 

    • Ley General de Cambio Climático (2012): Busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover la adaptación al cambio climático.

    • Ley de Aguas Nacionales (1992): Regula el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos en el país.

Además, México es parte de tratados internacionales como el Acuerdo de París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que refuerzan su compromiso con la protección ambiental.

Aplicación de la legislación ambiental

A pesar de contar con un marco jurídico robusto, la aplicación de las leyes ambientales en México enfrenta importantes desafíos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la encargada de vigilar el cumplimiento de la normativa, pero su capacidad operativa es limitada debido a la falta de recursos y personal. Además, la corrupción y la impunidad han permitido que proyectos con impactos ambientales negativos avancen sin cumplir con las regulaciones.

Uno de los principales retos es la falta de acceso a la justicia ambiental para comunidades indígenas y rurales, quienes a menudo son los más afectados por la degradación ambiental. Aunque la LGEEPA establece mecanismos de participación ciudadana, estos no siempre son efectivos para garantizar que las voces de las comunidades sean escuchadas.

Casos emblemáticos de defensa del medio ambiente

 

    1. Caso Wirikuta (San Luis Potosí):

En 2010, la comunidad wixárika (huicholes) se movilizó para proteger Wirikuta, un sitio sagrado y reserva natural, de proyectos mineros que amenazaban su biodiversidad y cultura. 

A través de amparos y presión internacional, lograron la suspensión de las concesiones mineras, aunque el caso sigue en litigio.

 

    1. Caso Tajamar (Quintana Roo):

En 2016, organizaciones ambientalistas denunciaron la destrucción de manglares en Cancún para un desarrollo inmobiliario. A pesar de que los manglares están protegidos por la LGEEPA, el proyecto avanzó con autorizaciones irregulares. Este caso evidenció las fallas en la aplicación de la ley ambiental.

 

    1. Caso del Río Sonora (Sonora):

En 2014, un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre por parte de la minera Buenavista del Cobre contaminó el Río Sonora, afectando a más de 22 mil personas. Aunque se estableció un fondo de reparación, las comunidades afectadas denuncian que no se han cumplido las promesas de compensación y remediación.

 

    1. Caso del Tren Maya:

El proyecto del Tren Maya, impulsado por el gobierno federal, ha generado controversia por sus impactos ambientales en la selva maya y las comunidades indígenas. A pesar de las suspensiones judiciales por falta de consulta adecuada, el proyecto ha avanzado, lo que ha llevado a organizaciones ambientalistas a presentar denuncias ante instancias internacionales.

Casos como los antes mencionados nos recuerdan que, para un futuro sostenible, es urgente fortalecer las instituciones, garantizar consultas inclusivas y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental. La justicia ambiental no es solo un tema legal, sino un compromiso ético con el planeta y las generaciones futuras.

Fuentes consultadas:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

Ley General de Cambio Climático (2012).

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa): Informes anuales.

Casos emblemáticos: Documentación de organizaciones como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

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